Justicia respalda al Gobierno: Prohíben tasas municipales en facturas de servicios públicos
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha celebrado un importante triunfo en su gestión. La Justicia ha avalado la medida del Gobierno que prohíbe la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos, una decisión que ha sido considerada como un gran logro en la protección de los consumidores.
El fallo judicial, emitido por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, desestimó un amparo presentado por el municipio de Tigre, que buscaba declarar inconstitucional la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Esta resolución, que había sido cuestionada por siete municipios de la provincia de Buenos Aires, establece la prohibición de incluir cargos ajenos al servicio contratado en las facturas de luz y gas.
El ministro Caputo destacó que la Justicia no solo respaldó la medida gubernamental, sino que también reconoció la importancia de proteger a los consumidores, en línea con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Además, señaló que los municipios tienen 90 días para redefinir los mecanismos de cobro de tasas municipales, asegurando que estas se presenten de forma separada de los servicios públicos contratados por los usuarios.
El fallo judicial también dejó claro que las normativas de los entes reguladores del gas y la electricidad, así como la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, deben ser respetadas por las empresas prestadoras de servicios públicos. Estas entidades están obligadas a informar de manera clara y exclusiva sobre los bienes o servicios contratados por el consumidor, sin incluir conceptos ajenos que puedan generar confusiones o afectar la libertad de elección del usuario. El incumplimiento de estas normativas podría acarrear sanciones en el marco del régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor.
Caputo subrayó que la práctica de incluir cargos ajenos a los servicios contratados en las facturas de servicios públicos, llevada a cabo por municipios y gobiernos provinciales, no solo viola el derecho de los consumidores a un trato digno, sino que también atenta contra su libertad de elección. Este fallo judicial representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los usuarios y en la transparencia de las facturaciones de servicios públicos.
La decisión de la Justicia, que ha sido bien recibida por el ministro Caputo, refuerza la política gubernamental de protección al consumidor y de regulación de los servicios públicos, sentando un precedente importante para futuras disputas legales en este ámbito. La medida busca garantizar que los argentinos reciban facturas claras y justas, libres de cargos indebidos, y que tengan la posibilidad de reclamar compensaciones en caso de ser afectados por prácticas abusivas.
Fuentes: Perfil, LaPrensa, Clarin, La Nacion, TN
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