Exfuncionario de Seguridad de la Alianza detenido por represión de 2001
Buenos Aires, Argentina – Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, se entregó a las autoridades este jueves tras la orden de detención emitida por el Tribunal Oral Federal N°6. La condena, que ya había sido ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, fue confirmada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mathov, de 76 años, fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en la represión de las protestas de diciembre de 2001, que culminaron con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. La represión dejó un saldo de tres muertos y más de 20 heridos, incluyendo al exministro del Interior y actual senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro.
El exfuncionario, que ya había sido detenido por esta causa en 2002, solicitó cumplir su condena en reclusión domiciliaria debido a su edad. Por su parte, Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, también fue condenado a tres años y seis meses de prisión, pero se encuentra en España con permiso judicial. Santos tiene 72 horas para regresar al país y presentarse ante la justicia para cumplir su condena.
La represión de diciembre de 2001, que tuvo lugar en un contexto de grave crisis económica y social, marcó el final del gobierno de De la Rúa. La Policía había reprimido una marcha frente a la Casa Rosada después de una jornada de saqueos y violencia que dejó 39 muertos y 9000 comercios saqueados en todo el país. La orden de despejar la Plaza de Mayo, donde se congregaban manifestantes que pedían la renuncia del presidente, fue dada por Mathov la noche anterior a la represión.
Además de Mathov y Santos, otros responsables de la represión también fueron condenados en 2016. Algunos de ellos ya han fallecido, como los jefes policiales Raúl Roberto Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero. Otros, como Carlos José López, Roberto Emilio Juárez, Víctor Manuel Belloni y Ariel Gonzalo Firpo Castro, recibieron penas de prisión. En contraste, Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte fueron sobreseídos por prescripción, y varios exagentes fueron absueltos.
La justicia argentina ha reafirmado su compromiso con la investigación y el castigo de los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluso décadas después de los hechos. La detención de Mathov y la intimación a Santos son un recordatorio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que sus autores deben enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Fuentes: TN, Mdzol, Ambito, MinutoUno, DataDiario, DiarioAr, C5n, Perfil
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