Fiscalía de Barcelona solicita amnistía para ex altos cargos catalanes procesados por el 1-O
En un giro significativo del proceso judicial relacionado con el referéndum independentista de Cataluña de 2017, la Fiscalía de Barcelona ha presentado una solicitud de amnistía para cerca de 40 empresarios y ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Estos individuos, que incluyen al exconseller de Exteriores Raúl Romeva, han sido procesados por su participación en los preparativos del 1 de octubre.
La petición de amnistía, que ha sido presentada tras casi un año de bloqueo judicial debido a una disputa sobre competencias, busca perdonar a los acusados por sus acciones en la financiación y organización del referéndum. La Fiscalía argumenta que, independientemente de las motivaciones políticas, las actividades de los procesados se ajustan a los criterios de la ley de amnistía.
Sin embargo, la Fiscalía ha excluido dos gastos específicos del período del 1-O del período de amnistía: el servicio de limpieza y una auditoría encargados por el Diplocat. En relación a estos gastos, se ha solicitado que se lleve a juicio a los exsecretarios generales de la institución, Roser Clavell y Albert Royo, por fraccionar contratos.
La Fiscalía de Barcelona ha tomado una posición contraria a la del Tribunal Supremo, solicitando que se amnistíe también el delito de malversación, además de los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum. La Fiscalía ha subrayado que no hacerlo dejaría "vacío de contenido" lo dispuesto en la ley.
El escrito de la Fiscalía detalla cómo el Govern de Carles Puigdemont siguió una estrategia de "diluir la responsabilidad individual" a través de la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, con el objetivo de dificultar cualquier obstáculo que pudiera surgir del Estado.
Entre las actividades que la Fiscalía considera amnistiables se encuentran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat, así como el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O y la elaboración del censo electoral.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene pendiente el juicio de tres procesados, entre ellos los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, cuyos casos quedaron en sus manos al estar aforados. El TSJC paralizó la aplicación de la amnistía a Jové y Salvadó el año pasado y elevó la ley al Constitucional y a la justicia europea, cuestionando si el delito de malversación debe ser perdonado.
La decisión sobre la solicitud de amnistía de la Fiscalía de Barcelona ahora recae en la Audiencia de Barcelona, que deberá determinar si la aplica, la rechaza o si decide enviar sus dudas al Constitucional o a la justicia europea.
Fuentes: RTVE, ElDiarioES, TheObjective, CadenaSer, 20minutos, OkDiario
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